El uso cada vez más amplio de las tecnología cognitivas descritas plantea problemas jurídicos, políticos y morales, por las implicaciones que están teniendo. Entre otras, se ha constatado el modo en que las redes sociales pueden mediatizar los procesos electorales, y la vida política en general, y hay quien alerta de que suponen una amenaza a la civilización humana tal como la conocemos. Estas avisos de alarma han llevado a plantear la necesidad de una regulación jurídica de estas tecnologías, más allá de la simple autorregulación que propone el sector.